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Conflicto armado y crimen organizado no dan tregua a niñas, niños y adolescentes de América Latina

·    Un total de 193 millones de niñas, niños y adolescentes viven en la región. Muchos de ellas y ellos son víctimas de bandas criminales y grupos armados ilegales que los utilizan para el micro tráfico o para dar aviso cuando vienen las autoridades. En el caso de las niñas, sus cuerpos son utilizados con fines sexuales.

 

·   Expertos internacionales y nacionales fueron invitados a Bogotá, Colombia, para el III Seminario Pensamiento Latinoamericano sobre Derechos de la Infancia: “Desafíos y respuestas frente a la violencia contra las niñas en escenarios de conflicto armado y crimen organizado”, convocado por REDLAMYC y organizado por la Alianza por la Niñez Colombiana, integrante de esta red de redes, en el marco de #TejiendoRedesInfancia, proyecto co-financiado por la Unión Europea.

 

Aunque Colombia y en general América Latina tengan progresos en el marco normativo y ejemplos de iniciativas positivas en la defensa y garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes, es un hecho que a unos meses de cumplirse 30 años de la Convención de los Derechos de la Niñez, los esfuerzos siguen siendo insuficientes y los retos cada vez mayores. Especialmente en lo relacionado con las niñas y las adolescentes.

 

En Colombia, en 2018 se presentaron aumentos en las violaciones a la niñez por parte de grupos armados post-desmovilización, paramilitares, grupos armados locales, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), Ejército Popular de Liberación (EPL) y las disidencias de las FARC-EP, en los que las niñas llevaron la peor parte. La ONU comprobó más de 400 violaciones graves contra niños, niñas y adolescentes, las cuales incluyen asesinatos, mutilaciones, uso, secuestro, violencia sexual, negación de asistencia humanitaria y también ataques a escuelas y hospitales.

“Me preocupa también la situación en algunas zonas fronterizas en conflicto en donde los migrantes y los refugiados, especialmente los niños, niñas y adolescentes enfrentan riesgos tales como: reclutamiento, uso y violencia sexual”, señaló Virginia Gamba, representante especial del secretario general de las Naciones Unidas para la cuestión de los niños y los conflictos armados, en el mensaje enviado a los expertos nacionales e internacionales reunidos en Bogotá.

 

Profesionales de diferentes áreas y de 19 países participaron en el III Seminario Pensamiento Latinoamericano sobre Derechos de la Infancia: Desafíos y respuestas frente a la violencia contra las niñas en escenarios de conflicto armado y crimen organizado”, convocado por REDLAMYC (Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes) y organizado por la Alianza por la Niñez Colombiana, integrante de esta red de redes, en el marco de #TejiendoRedesInfancia, proyecto co financiado por la Unión Europea.

 

Una larga lista de desafíos en la materia presentaron los expertos: persistencia del conflicto armado con la reconfiguración de los actores armados ilegales que buscan ejercer control sobre los territorios y las grandes rentas de economías ilegales (cultivos ilícitos, minería ilegal, contrabando, producción y comercialización de narcóticos); insuficiente conocimiento aplicado de los derechos de la niñez y del enfoque diferencial por parte de servidores públicos y contratistas; histórica debilidad y ausencia de las instituciones sociales del Estado en zonas continuamente victimizadas; altos índices de inequidad y la grave situación humanitaria de migración de la población venezolana y la colombiana retornada.

 

De acuerdo con las cifras con las que cuenta la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas de Colombia, en el año 2018 se registraron 243.547 víctimas en el país por los diferentes hechos generados por el conflicto, de estas el 31,66 %, es decir 77.107 son niños, niñas y adolescentes entre los 0 y 17 años.

 

“Tenemos un debilitamiento del Estado que se refleja en el poco control territorial, la violencia y la destrucción del tejido social. La fragilidad del Estado es lo que genera dinero, no la hoja de coca; por eso en México tenemos una crisis de derechos humanos y en Centroamérica y Venezuela, un éxodo, y eso no es un tema aislado, tiene que ver con todos nosotros y con niñas y niños, y especialmente con las niñas”, señaló Juan Martín Pérez García, secretario ejecutivo de REDLAMYC.

 

Para Mario Gómez, fiscal delegado para la infancia y la adolescencia de Colombia, la desconexión entre las normas y la realidad es otra razón por la que se ve afectada la niñez. “En la última década, 65.000 menores de 14 años fueron madres y las instituciones de salud no lo comunicaron, a pesar de ser un delito. El ADN del niño que nace es del agresor y sería una prueba sencilla para mostrar quién fue el agresor sexual, pero llevamos dos años tratando que nos pasen la base de datos y no se hace porque se alega la reserva de identidad. Abrazamos la esperanza de la paz, pero el ELN y las disidencias están en una continuo enfrentamiento, como ocurre en Chocó donde los niños se ven en la mitad del fuego”, señaló.

 

Qué hacer para enfrentar el reto

Los expertos señalaron varias acciones para hacer frente a la violencia contra la niñez en escenarios de conflicto armado y crimen organizado entre las cuales están:

·    Entender que niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos y debemos hacer lo que se requiera para que se garanticen, sin temor a alzar la voz.Mirar de manera particular las afectaciones de las niñas en el conflicto, porque existen evidencias sobre los mayores impactos que tiene sobre ellas.

·    Crear sistemas de información que puedan diferenciar e identificar los casos asociados al conflicto armado y la ilegalidad.

·    Lograr que el hombre tenga un rol más activo en la crianza y cuidado de los niños, para que cambie la cultura machista que impera en la región. Eso incluye asumir de una manera más seria la inequidad entre niñas y niños.

·    Atender con enfoque diferencial y por edades la migración que se está dando en Colombia y en el resto de la región.

·     Adoptar medidas que respondan a las necesidades de protección de niñas, niños y adolescentes de acuerdo con su contexto.

·        Dar mayor inversión de recursos públicos para el trabajo de prevención haciendo especial énfasis desde la infancia y hasta la adolescencia.

 

·       Fortalecer el diálogo entre los diferentes actores que trabajan por los derechos de la niñez y la adolescencia en los territorios, de tal manera que se logren acciones coordinadas, no duplicadas, más eficientes, desde la perspectiva de derechos de las niñas y los niños, que por ejemplo en el diálogo entre la sociedad civil y las entidades públicas exista apalancamiento de recursos nuevos frente a las necesidades en los entes territoriales que no se queden solo en la sumatoria de los aportes de las organizaciones.

 

Cifras relevantes

·     En 2018, la ONU registró más de 400 casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes (asesinatos, mutilaciones, reclutamiento, uso y negación de asistencia humanitaria, entre otros).

·      Según el informe “Niñez, víctima de un conflicto armado que aún persiste”, dado a conocer por la Alianza por la Niñez Colombiana en noviembre de 2018, un total de 2’382.086 colombianos entre los 0 y 17 años de edad son víctimas del conflicto armado.

·       Luego de las cifras positivas entre 2015 y 2017 (producto de las negociaciones entre el Gobierno y las Farc), de acuerdo con Coalico, en 2018 se reportaron 50 eventos relacionados con vinculación y reclutamiento, 28 de uso de menores en campañas cívico-militares, 66 desplazamientos forzados, 29 violaciones contra el derecho a la vida y la integridad personal, 21 ataques y ocupaciones a bienes civiles (como escuelas y hospitales), 10 bloqueos de suministros y servicios básicos, siete violaciones contra la libertad personal y tres contra la libertad sexual.

 

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